PLAN CARDALES, PRIMER DISGUSTO DE MUJICA
Samuel Blixen (Brecha)
Tabaré Vázquez ignoró la fuerte oposición del Frente Amplio a un decreto sobre la habilitación a privados de los servicios de tevé cable, Internet y telefonía que integran el Plan Cardales. El malestar generalizado incluye al presidente electo, que pretende incluir el tema de telecomunicaciones en las negociaciones sobre la transición.
El primer elemento de discordia entre el gobierno saliente y el entrante se instaló el lunes 30 de noviembre, cuando aún no habían transcurrido 24 horas del cierre de las urnas: en una reunión calificada como un "consejo de gobierno ficto", el presidente Vázquez anunció formalmente la puesta en vigencia de un decreto que instrumenta la aplicación del Plan Cardales y que había sido resistido por todas las fuerzas políticas del Frente Amplio (FA). El decreto concede la habilitación a empresas privadas para ofrecer los servicios de "triple play" (televisión por cable, Internet y telefonía fija), que según el espíritu del Plan Cardales (Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables) está preferentemente destinado a los sectores más pobres de la población con el objetivo de universalizar el acceso a las telecomunicaciones.
Aunque la norma impulsada por Vázquez estipula condiciones para la adjudicación de contratos de habilitación, el secretariado ejecutivo del Frente, el PIT-CNT, el sindicato de trabajadores de ANTEL, diversas organizaciones sociales y organismos universitarios rechazan la iniciativa por considerar que lesiona el monopolio de la telefonía fija, traslada al sector privado la trasmisión de datos que hoy maneja ANTEL Data, fortalece a los canales privados de televisión y eventualmente abre las puertas a las grandes trasnacionales de las telecomunicaciones.
El presidente electo, José Mujica, compartió los temores del secretariado del PIT-CNT sobre los peligros de una trasnacionalización de las telecomunicaciones durante la charla que mantuvo con dirigentes de la central obrera, el miércoles 2, cuando planteó la necesidad de impulsar la reforma del Estado. El dirigente Marcelo Abdala confirmó a Brecha que durante la reunión la central expuso su rechazo al decreto impulsado por Vázquez, y que Mujica anunció su disposición a "armar un equipo para analizar todos los temas de las telecomunicaciones". El senador Eduardo Bonomi informó a Brecha, por su parte, que el MPP pretende que el tema del Plan Cardales sea incorporado como uno de los asuntos a negociar en el proceso de transición hacia el nuevo gobierno que se abre con la actual administración. En el MPP, según pudo sondear Brecha, la oposición al decreto fue sustentada por la senadora Lucía Topolansky y la diputada Ivonne Passada., quienes se inclinan por impulsar una ley de telecomunicaciones.
Otras fuente sindicaron que el presidente electo no ocultó su malestar por el contenido del decreto y la forma en que se tramitó. El PIT-CNT, según Abdala, intenta actuar con celeridad para evitar que la puesta en práctica del decreto genere situaciones de hecho. En ese sentido el dirigente sindical anunció que en las próximas horas será presentado ante la Presidencia un escrito solicitando a Vázquez que modifique dos artículos del decreto, aquellos que, por vías indirectas, podrían dejar en manos de las grandes trasnacionales el control de los contenidos de la televisión por cable, el servicio de banda ancha y competir con ANTEL en la telefonía básica mediante la modalidad IP (señal de voz por Internet).
UN DECRETO CUESTIONADO
La intención del presidente Vázquez al poner en vigencia el decreto no es inocente. La discusión de las orientaciones que prevalecerán en el Plan Cardales viene siendo motivo de controversia entre la Presidencia y el FA desde hace más de un año. En 2008, en ocasión de la discusión de la rendición de cuentas, la Presidencia objetó un artículo que prohibía el otorgamiento de nuevas licencias en telecomunicaciones. El argumento esgrimido por el Ejecutivo ponía el acento en que la prohibición impedía otorgar licencias para las radios comunitarias. La bancada de legisladores del Frente eliminó el artículo en el entendido de que se acordaba un compromiso de "no innovar".
Sin embargo, en octubre, antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, la Presidencia anunció su determinación de dictar un decreto sobre el Plan Cardales. El proyecto fue analizado por el secretariado del Frente; todos los grupos políticos, según se informó a Brecha, manifestaron su oposición a la iniciativa. La Presidencia acordó entonces suspender la promulgación del decreto hasta después de las elecciones, pero a mediados de noviembre reflotó la iniciativa. El fin de semana previo al balotaje del domingo 29, Vázquez requirió la firma del decreto a cuatro de sus ministros: Raúl Sendic (Industrias), Alvaro García (Economía), María Simón (Educación) y Marina Arismendi (Desarrollo Social).
Según fuentes del FA, Sendic, García y Simón firmaron aunque estaban en desacuerdo con los criterios de implementación del Plan Cardales; "hubo una fuerte presión del presidente ", indicaron las fuentes. Tanto en la dirección del Frente Amplio como en su bancada, los diputados Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista, Ivonne Passada, del MPP, y el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, formularon fuertes críticas al texto del decreto. Una delegación del secretariado ejecutivo del FA intentó discutir el punto con Vázquez, pero finalmente lo hizo con el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y los ministros Sendic y Gonzalo Fernández, de Defensa. Fernández introdujo modificaciones al texto. Paralelamente, Toma y Sendic recibieron a una delegación del PIT-CNT y de SUTEL, que también explícito su oposición al decreto. Una vez más la Presidencia acordó suspender la puesta en vigencia de la norma hasta después del balotaje, pero el mismo lunes 30 dio andamiento a la medida, que ya estaba firmada por los ministros.
OPOSICIÓN UNIVERSAL
El decreto, que ya está en vigencia, habilita a empresas privadas a adherir al Plan Cardales mediante la presentación de proyectos específicos para cada ciudad que contemplen el acceso del quintil más pobre de cada población. Cada plan no podrá superar los tres años y en los dos primeros se deberá completar el 66 por ciento de lo proyectado. La habilitación tendrá carácter precario, revocable e intransferible. La transferencia, directa o indirecta, del dominio del paquete accionario a un tercero determinará la revocación inmediata de la habilitación. Sin embargo, a los efectos de prestar los servicios, las empresas habilitadas podrán operar una red propia o contratar con terceros.
Las principales objeciones se centran en que una empresa podrá prestar los servicios de banda ancha sin acordar con ANTEL Data; y que será difícil probar una transferencia del paquete accionario, en la medida en que testaferros o representantes pueden acordar con empresas trasnacionales. A los efectos del proyecto piloto del Cardales en Trinidad, Canal 10 llegó a un acuerdo con ANTEL Data; sin embargo Canal 4 y Canal 12 no llegaron a un acuerdo y se sospecha que pueden estar en negociaciones con Carlos Slim, el empresario mexicano de las telecomunicaciones que tras adquirir Telmex se alió con Microsoft para expandir diversos servicios de Internet, y que controla América Móvil, que en Uruguay está representada por Claro. Tanto Telmex-Claro como el grupo Clarín- realizan fuertes inversiones en Uruguay en el tendido de fibra óptica. Otra objeción apunta a los contenidos de los paquetes de tevé cable.
Las interrogantes sobre el grado de participación de empresas privadas en la prestación del triple play y el deterioro que podría sufrir ANTEL (inicialmente el Cardales fue concebido para ser operado a través de la telefónica estatal con participación de empresas nacionales) estimuló el rechazo a la norma que se puso en vigencia el lunes 30. Una lista primaria de quienes están en desacuerdo abarca a ministros, la mayoría de los grupos políticos del FA, el PIT-CNT, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, el Grupo Medios y Sociedad, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, y hasta la propia Unidad Reguladora en Servicios de Comunicaciones (URSEC).
El decreto deposita en el LATU la elaboración de los informes que garanticen la sustentabilidad de los aspectos técnicos y de cobertura social de los proyectos presentados por las empresas para la posterior decisión del Poder Ejecutivo. Al cierre de esta edición el sindicato de trabajadores de ANTEL discutía la oportunidad de presentar un recurso de revocación del decreto sobre el Cardales, y analizaba otras medidas a tomar, aunque se señalaba que el recurso no tiene efectos suspensivos.
FUENTE:COMCOSUR / MONTEVIDEO
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PARA VER DECRETO:
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/11/988%20.pdf
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ANOMALÍAS EN EL PLAN CARDALES
Samuel Blixen (Brecha)
Tabaré Vázquez ignoró la fuerte oposición del Frente Amplio a un decreto sobre la habilitación a privados de los servicios de tevé cable, Internet y telefonía que integran el Plan Cardales. El malestar generalizado incluye al presidente electo, que pretende incluir el tema de telecomunicaciones en las negociaciones sobre la transición.
El primer elemento de discordia entre el gobierno saliente y el entrante se instaló el lunes 30 de noviembre, cuando aún no habían transcurrido 24 horas del cierre de las urnas: en una reunión calificada como un "consejo de gobierno ficto", el presidente Vázquez anunció formalmente la puesta en vigencia de un decreto que instrumenta la aplicación del Plan Cardales y que había sido resistido por todas las fuerzas políticas del Frente Amplio (FA). El decreto concede la habilitación a empresas privadas para ofrecer los servicios de "triple play" (televisión por cable, Internet y telefonía fija), que según el espíritu del Plan Cardales (Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables) está preferentemente destinado a los sectores más pobres de la población con el objetivo de universalizar el acceso a las telecomunicaciones.
Aunque la norma impulsada por Vázquez estipula condiciones para la adjudicación de contratos de habilitación, el secretariado ejecutivo del Frente, el PIT-CNT, el sindicato de trabajadores de ANTEL, diversas organizaciones sociales y organismos universitarios rechazan la iniciativa por considerar que lesiona el monopolio de la telefonía fija, traslada al sector privado la trasmisión de datos que hoy maneja ANTEL Data, fortalece a los canales privados de televisión y eventualmente abre las puertas a las grandes trasnacionales de las telecomunicaciones.
El presidente electo, José Mujica, compartió los temores del secretariado del PIT-CNT sobre los peligros de una trasnacionalización de las telecomunicaciones durante la charla que mantuvo con dirigentes de la central obrera, el miércoles 2, cuando planteó la necesidad de impulsar la reforma del Estado. El dirigente Marcelo Abdala confirmó a Brecha que durante la reunión la central expuso su rechazo al decreto impulsado por Vázquez, y que Mujica anunció su disposición a "armar un equipo para analizar todos los temas de las telecomunicaciones". El senador Eduardo Bonomi informó a Brecha, por su parte, que el MPP pretende que el tema del Plan Cardales sea incorporado como uno de los asuntos a negociar en el proceso de transición hacia el nuevo gobierno que se abre con la actual administración. En el MPP, según pudo sondear Brecha, la oposición al decreto fue sustentada por la senadora Lucía Topolansky y la diputada Ivonne Passada., quienes se inclinan por impulsar una ley de telecomunicaciones.
Otras fuente sindicaron que el presidente electo no ocultó su malestar por el contenido del decreto y la forma en que se tramitó. El PIT-CNT, según Abdala, intenta actuar con celeridad para evitar que la puesta en práctica del decreto genere situaciones de hecho. En ese sentido el dirigente sindical anunció que en las próximas horas será presentado ante la Presidencia un escrito solicitando a Vázquez que modifique dos artículos del decreto, aquellos que, por vías indirectas, podrían dejar en manos de las grandes trasnacionales el control de los contenidos de la televisión por cable, el servicio de banda ancha y competir con ANTEL en la telefonía básica mediante la modalidad IP (señal de voz por Internet).
UN DECRETO CUESTIONADO
La intención del presidente Vázquez al poner en vigencia el decreto no es inocente. La discusión de las orientaciones que prevalecerán en el Plan Cardales viene siendo motivo de controversia entre la Presidencia y el FA desde hace más de un año. En 2008, en ocasión de la discusión de la rendición de cuentas, la Presidencia objetó un artículo que prohibía el otorgamiento de nuevas licencias en telecomunicaciones. El argumento esgrimido por el Ejecutivo ponía el acento en que la prohibición impedía otorgar licencias para las radios comunitarias. La bancada de legisladores del Frente eliminó el artículo en el entendido de que se acordaba un compromiso de "no innovar".
Sin embargo, en octubre, antes de la primera vuelta de las elecciones nacionales, la Presidencia anunció su determinación de dictar un decreto sobre el Plan Cardales. El proyecto fue analizado por el secretariado del Frente; todos los grupos políticos, según se informó a Brecha, manifestaron su oposición a la iniciativa. La Presidencia acordó entonces suspender la promulgación del decreto hasta después de las elecciones, pero a mediados de noviembre reflotó la iniciativa. El fin de semana previo al balotaje del domingo 29, Vázquez requirió la firma del decreto a cuatro de sus ministros: Raúl Sendic (Industrias), Alvaro García (Economía), María Simón (Educación) y Marina Arismendi (Desarrollo Social).
Según fuentes del FA, Sendic, García y Simón firmaron aunque estaban en desacuerdo con los criterios de implementación del Plan Cardales; "hubo una fuerte presión del presidente ", indicaron las fuentes. Tanto en la dirección del Frente Amplio como en su bancada, los diputados Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista, Ivonne Passada, del MPP, y el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, formularon fuertes críticas al texto del decreto. Una delegación del secretariado ejecutivo del FA intentó discutir el punto con Vázquez, pero finalmente lo hizo con el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y los ministros Sendic y Gonzalo Fernández, de Defensa. Fernández introdujo modificaciones al texto. Paralelamente, Toma y Sendic recibieron a una delegación del PIT-CNT y de SUTEL, que también explícito su oposición al decreto. Una vez más la Presidencia acordó suspender la puesta en vigencia de la norma hasta después del balotaje, pero el mismo lunes 30 dio andamiento a la medida, que ya estaba firmada por los ministros.
OPOSICIÓN UNIVERSAL
El decreto, que ya está en vigencia, habilita a empresas privadas a adherir al Plan Cardales mediante la presentación de proyectos específicos para cada ciudad que contemplen el acceso del quintil más pobre de cada población. Cada plan no podrá superar los tres años y en los dos primeros se deberá completar el 66 por ciento de lo proyectado. La habilitación tendrá carácter precario, revocable e intransferible. La transferencia, directa o indirecta, del dominio del paquete accionario a un tercero determinará la revocación inmediata de la habilitación. Sin embargo, a los efectos de prestar los servicios, las empresas habilitadas podrán operar una red propia o contratar con terceros.
Las principales objeciones se centran en que una empresa podrá prestar los servicios de banda ancha sin acordar con ANTEL Data; y que será difícil probar una transferencia del paquete accionario, en la medida en que testaferros o representantes pueden acordar con empresas trasnacionales. A los efectos del proyecto piloto del Cardales en Trinidad, Canal 10 llegó a un acuerdo con ANTEL Data; sin embargo Canal 4 y Canal 12 no llegaron a un acuerdo y se sospecha que pueden estar en negociaciones con Carlos Slim, el empresario mexicano de las telecomunicaciones que tras adquirir Telmex se alió con Microsoft para expandir diversos servicios de Internet, y que controla América Móvil, que en Uruguay está representada por Claro. Tanto Telmex-Claro como el grupo Clarín- realizan fuertes inversiones en Uruguay en el tendido de fibra óptica. Otra objeción apunta a los contenidos de los paquetes de tevé cable.
Las interrogantes sobre el grado de participación de empresas privadas en la prestación del triple play y el deterioro que podría sufrir ANTEL (inicialmente el Cardales fue concebido para ser operado a través de la telefónica estatal con participación de empresas nacionales) estimuló el rechazo a la norma que se puso en vigencia el lunes 30. Una lista primaria de quienes están en desacuerdo abarca a ministros, la mayoría de los grupos políticos del FA, el PIT-CNT, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, el Grupo Medios y Sociedad, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, y hasta la propia Unidad Reguladora en Servicios de Comunicaciones (URSEC).
El decreto deposita en el LATU la elaboración de los informes que garanticen la sustentabilidad de los aspectos técnicos y de cobertura social de los proyectos presentados por las empresas para la posterior decisión del Poder Ejecutivo. Al cierre de esta edición el sindicato de trabajadores de ANTEL discutía la oportunidad de presentar un recurso de revocación del decreto sobre el Cardales, y analizaba otras medidas a tomar, aunque se señalaba que el recurso no tiene efectos suspensivos.
FUENTE:COMCOSUR / MONTEVIDEO
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PARA VER DECRETO:
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/11/988%20.pdf
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ANOMALÍAS EN EL PLAN CARDALES
INFORME UNÁNIME DEL FRENTE PIDE DESCARTAR EL DECRETO DE VÁZQUEZ
Un informe unánime del Frente pide descartar decreto sobre Plan Cardales.
Price Waterhouse Coopers. Auditoría sobre Plan Orión encontró anomalías en su proceso Víctor Carrato (La República)
La auditoría sobre el Plan Orión que está siendo llevada a cabo por la consultora Price Waterhouse Coopers encontró anomalías en el proceso de contratación del Plan Orión. Por otra parte, una Comisión del Frente Amplio recomendó suspender la aplicación del decreto del Poder Ejecutivo sobre el Plan Cardales.
La citada comisión, que se ocupa del tema de las telecomunicaciones, elaboró un informe de 20 páginas al que accedió LA REPUBLICA, según el cual se recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 sobre el Plan Cardales hasta que el nuevo gobierno proponga una ley de telecomunicaciones.
La citada comisión, que se ocupa del tema de las telecomunicaciones, elaboró un informe de 20 páginas al que accedió LA REPUBLICA, según el cual se recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 sobre el Plan Cardales hasta que el nuevo gobierno proponga una ley de telecomunicaciones.
Como lo adelantara LA REPUBLICA en la edición del 11 de enero pasado, la primera etapa de la auditoría realizada por la consultora Price Waterhouse Coopers sobre el Plan Orión habría culminado.
La primera fase de la auditoría de Price implicaba el estudio de la herramienta, es decir el programa de facturación que Antel adquirió a la empresa Intec en 2007. Iniciada la segunda etapa de la auditoría, que corresponde al intrincado proceso por el cual se llegó a la adquisición del sistema de facturación Orión, también se habrían encontrado anomalías, según pudo saber LA REPUBLICA.
Las consecuencias de esto podrían derivar en responsabilidades a altos niveles del ente de las telecomunicaciones.
El proveedor de Orión, Intec, tiene su origen en Gran Bretaña, pero legalmente el contrato con Antel se hizo en Atlanta, tras un largo proceso que derivó en un contrato totalmente diferente al que se había planteado durante las negociaciones.
La primera fase de la auditoría de Price implicaba el estudio de la herramienta, es decir el programa de facturación que Antel adquirió a la empresa Intec en 2007. Iniciada la segunda etapa de la auditoría, que corresponde al intrincado proceso por el cual se llegó a la adquisición del sistema de facturación Orión, también se habrían encontrado anomalías, según pudo saber LA REPUBLICA.
Las consecuencias de esto podrían derivar en responsabilidades a altos niveles del ente de las telecomunicaciones.
El proveedor de Orión, Intec, tiene su origen en Gran Bretaña, pero legalmente el contrato con Antel se hizo en Atlanta, tras un largo proceso que derivó en un contrato totalmente diferente al que se había planteado durante las negociaciones.
El Directorio de Antel ordenó una auditoría externa del sistema de cobro de Ancel conocido como Orión. El Directorio de Antel estaba entonces integrado por Edgardo Carvalho, Gonzalo Perera y Gladys Uranga.
En realidad, hay que recordar que la decisión del directorio de Antel fue de auditar todos los proyectos estratégicos de Antel, comenzando por Orión.
El ministro de Industria, Raúl Sendic, anunció el 9 de setiembre del año pasado, en el Parlamento, que el Directorio de Antel conformó "una comisión de expertos del más alto nivel para que en el plazo más breve posible haga un análisis de funcionamiento del programa Orión y las características de su contratación".
Tras detectarse errores en el nuevo sistema de cobro de Ancel, que tuvo un costo de U$S 30 millones, se decidió tomar esta medida.
En realidad, hay que recordar que la decisión del directorio de Antel fue de auditar todos los proyectos estratégicos de Antel, comenzando por Orión.
El ministro de Industria, Raúl Sendic, anunció el 9 de setiembre del año pasado, en el Parlamento, que el Directorio de Antel conformó "una comisión de expertos del más alto nivel para que en el plazo más breve posible haga un análisis de funcionamiento del programa Orión y las características de su contratación".
Tras detectarse errores en el nuevo sistema de cobro de Ancel, que tuvo un costo de U$S 30 millones, se decidió tomar esta medida.
Orión es un sistema de software que abarca la triple facturación de Antel (telefonía básica, celular y datos). La implementación del sistema de facturación convergente Orión retardó los tiempos de atención al cliente, generó acreditaciones cruzadas de créditos por las cuales un teléfono se quedaba sin minutos y por otro se hablaba durante horas, lo que generaba facturaciones cero en teléfonos de uso permanente, mientras otros pagaban lo que no debían.
Mientras tanto, el sistema se caía aproximadamente una vez por semana.
Mientras tanto, el sistema se caía aproximadamente una vez por semana.
Orión ganó en la licitación que Antel abrió a través de la ONU en 2005. Dicha licitación, Nº ICB-URU-2006-001, realizada a través de la Unops (PNUD), un departamento perteneciente a la ONU, dejó afuera a la empresa española Indra, en una calificación cuestionada, pero además PNUD cambió los pliegos enviados por Antel por otros redactados por el abogado de Intec en Atlanta, absolutamente leoninos.
Aparentemente, ningún abogado de Antel había visto el contrato que finalmente se firmó por Orión.
La adquisición del Programa Orión a la empresa Intec fue controvertida y con posteridad se constató que estaba "funcionando insatisfactoriamente".
"No tengo evidencia (pero) encontraba inconsistencias técnicas", declaró Gonzalo Perera ante la jueza Gatti, según dijo a LA REPUBLICA el 5 de setiembre del año pasado.
Aparentemente, ningún abogado de Antel había visto el contrato que finalmente se firmó por Orión.
La adquisición del Programa Orión a la empresa Intec fue controvertida y con posteridad se constató que estaba "funcionando insatisfactoriamente".
"No tengo evidencia (pero) encontraba inconsistencias técnicas", declaró Gonzalo Perera ante la jueza Gatti, según dijo a LA REPUBLICA el 5 de setiembre del año pasado.
Decreto para la transición
Una comisión especial de telecomunicaciones que formó el Frente Amplio elaboró un prolijo y detallado informe de 20 páginas, al cual accedió LA REPUBLICA, recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 hasta que se haya aprobado una nueva ley de telecomunicaciones.
Al presidente del Frente Amplio, Ing. Jorge Brovetto se le habría encomendado entregárselo al presidente Tabaré Vázquez para que el tema quede en el paquete de la transición.
El informe de la comisión del FA reafirma la idea original de que el Estado sea el promotor principal del Plan Cardales y que Antel tenga el papel preponderante en él mientras que los operadores privados se asocien con la telefónica para brindar el plan.
El próximo ministro de Industria y actual subsecretario de la cartera, Roberto Kreimerman, dijo este miércoles a radio Sarandí que la base del proyecto de ley de telecomunicaciones es la inclusión social y en él está incluido el Plan Cardales.
Al presidente del Frente Amplio, Ing. Jorge Brovetto se le habría encomendado entregárselo al presidente Tabaré Vázquez para que el tema quede en el paquete de la transición.
El informe de la comisión del FA reafirma la idea original de que el Estado sea el promotor principal del Plan Cardales y que Antel tenga el papel preponderante en él mientras que los operadores privados se asocien con la telefónica para brindar el plan.
El próximo ministro de Industria y actual subsecretario de la cartera, Roberto Kreimerman, dijo este miércoles a radio Sarandí que la base del proyecto de ley de telecomunicaciones es la inclusión social y en él está incluido el Plan Cardales.
Kreimerman sostuvo que pese a las diferencias, los objetivos son motivo de consenso.
Cualquier tipo de autorización que se produjera a través del decreto 537/009 podría generar graves daños y costos al Estado ya que el próximo gobierno pretende defender a Antel.
Uruguay es una plataforma privilegiada para el negocio de las telecomunicaciones, no tanto como mercado, sino sobre todo por su nivel de enlaces y desarrollo.
En tanto el grupo Clarín y el de las empresas del mexicano Carlos Slim pugnan por quedarse con la "crema" de la banda ancha" en Uruguay, dijeron fuentes oficiales a LA REPUBLICA.
Cualquier tipo de autorización que se produjera a través del decreto 537/009 podría generar graves daños y costos al Estado ya que el próximo gobierno pretende defender a Antel.
Uruguay es una plataforma privilegiada para el negocio de las telecomunicaciones, no tanto como mercado, sino sobre todo por su nivel de enlaces y desarrollo.
En tanto el grupo Clarín y el de las empresas del mexicano Carlos Slim pugnan por quedarse con la "crema" de la banda ancha" en Uruguay, dijeron fuentes oficiales a LA REPUBLICA.
El día siguiente al balotaje, el 30 de noviembre pasado, el Poder Ejecutivo promulgó el famoso decreto 537/09 sobre el Plan Cardales que generó amplia polémica dentro del propio Frente Amplio.
El decreto fue catalogado como innecesario e inconveniente para Antel por Gonzalo Perera en la contratapa de LA REPUBLICA, el 29 de diciembre del año pasado.
Decreto innecesario porque si todos los despliegues previstos de entonces a marzo son asociaciones entre cableros y Antel para que los primeros vendan los servicios de banda ancha de Antel y su programación de TV para abonados, el decreto no tiene razón de ser.
Los cableros tienen permiso para ofrecer TV para abonados, Antel para ofrecer banda ancha.
¿Para qué hablar de permisos entonces, si no se precisan?
El decreto fue catalogado como innecesario e inconveniente para Antel por Gonzalo Perera en la contratapa de LA REPUBLICA, el 29 de diciembre del año pasado.
Decreto innecesario porque si todos los despliegues previstos de entonces a marzo son asociaciones entre cableros y Antel para que los primeros vendan los servicios de banda ancha de Antel y su programación de TV para abonados, el decreto no tiene razón de ser.
Los cableros tienen permiso para ofrecer TV para abonados, Antel para ofrecer banda ancha.
¿Para qué hablar de permisos entonces, si no se precisan?
Inconveniente porque "en su momento, los cable operadores asociados a los canales abiertos tradicionales Montecable (Canal 4), TCC (Canal 10) y Ryselco (Canal 12) fueron convocados por el Poder Ejecutivo, a una negociación con Antel para ofrecer un producto de triple play, aunque sin aspiraciones de acceso universal aún.
Tras arduas negociaciones, se dividieron las aguas: TCC suscribió el acuerdo, no así Montecable y Ryselco.
Tras arduas negociaciones, se dividieron las aguas: TCC suscribió el acuerdo, no así Montecable y Ryselco.
Independientemente de las características que haya tenido aquella negociación, desde ese entonces, Montecable y Ryselco solicitaron ante la Ursec (organismo Regulador de las Telecomunicaciones y Comunicaciones) licencias para vender banda ancha por la tecnología de "cablemódem", que significaba el surgimiento de una significativa competencia privada para Anteldata, fundamentalmente en los barrios más privilegiados de Montevideo, abriendo la puerta a un "descreme" del mercado.
Esto es: el privado se queda con los 100 mil clientes más rentables, dejando para Antel cubrir los sectores no rentables".
Perera agregó en su artículo que "además, pese a ser negado por las empresas locales, cundió como reguero de pólvora en el sector, primero por Internet, luego en diversos artículos y textos, nacionales e internacionales, una noticia inquietante: las solicitudes de los grupos 4 y 12 podrían no estar destinados a un despliegue propio, sino ser parte de alguna forma de asociación con los grupos Clarín-Slim (nos referimos al gran multimedia argentino y al multimillonario mexicano Carlos Slim, propietario de Telmex, Claro, etc.) .
De concretarse tal operación, algunas consecuencias serían evidentes:
Esto es: el privado se queda con los 100 mil clientes más rentables, dejando para Antel cubrir los sectores no rentables".
Perera agregó en su artículo que "además, pese a ser negado por las empresas locales, cundió como reguero de pólvora en el sector, primero por Internet, luego en diversos artículos y textos, nacionales e internacionales, una noticia inquietante: las solicitudes de los grupos 4 y 12 podrían no estar destinados a un despliegue propio, sino ser parte de alguna forma de asociación con los grupos Clarín-Slim (nos referimos al gran multimedia argentino y al multimillonario mexicano Carlos Slim, propietario de Telmex, Claro, etc.) .
De concretarse tal operación, algunas consecuencias serían evidentes:
i) Las ganancias que obtiene hoy Antel, que se quedan en el Uruguay y en las inversiones de interés público, irían a parar a grupos multinacionales.
ii) La propia subsistencia de Antel estaría muy seriamente cuestionada, ya que la banda ancha es el producto de mejor presente y mayor futuro de las telecomunicaciones".
El presidente electo José Mujica dijo en Búsqueda: "acá hay mucho en juego. (...) Quiero escuchar muchas campanas". Mujica sostuvo que "su preocupación es que la decisión tomada por Vázquez suponga "regalarle indirectamente la posibilidad de la banda ancha y todo lo que significa a las grandes compañías mundiales de telecomunicaciones".
Mujica agregó que "hay una nube de cosas y de pedidos de habilitación de los canales privados. No sé qué va a quedar. (...)
Lo que tengo absolutamente claro es que tengo que preservar lo más que pueda el capital de Antel, con todos los problemas que pueda tener, y si tiene alguna ventaja comparativa tratar de mantenérsela.
(...) No pienso regalarles nada" a los canales privados".
Mujica agregó que "hay una nube de cosas y de pedidos de habilitación de los canales privados. No sé qué va a quedar. (...)
Lo que tengo absolutamente claro es que tengo que preservar lo más que pueda el capital de Antel, con todos los problemas que pueda tener, y si tiene alguna ventaja comparativa tratar de mantenérsela.
(...) No pienso regalarles nada" a los canales privados".
Fuente :/COMCOSUR AL DÍA
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Sindicatos “indignados” con la posición de Vázquez sobre el Plan Cardales
Sindicatos “indignados” con la posición de Vázquez sobre el Plan Cardales
Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT cerró filas detrás del gremio de las telecomunicaciones (Sutel) y criticó al presidente Tabaré Vázquez por su decisión de seguir adelante con el decreto que habilita la operativa de privados en el marco del Plan Cardales.
La dirección de la central entiende que la iniciativa del Poder Ejecutivo es “ilegal”, no descarta iniciar una instancia de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y prepara movilizaciones callejeras para frenar su aplicación.
También surgieron críticas al primer mandatario desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP), que aspiran a “subsumir” la voluntad de Vázquez en una futura Ley de Telecomunicaciones.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, denunció que “algunos miembros” del Poder Ejecutivo y los “dueños de los
canales 4 y 12” han ejercido, en las últimas horas, “presiones muy grandes” sobre gerentes y directores de Antel para acceder a información sobre el sistema de interconexión, con el objetivo de empezar a ofrecer conexiones a internet en “zonas de Montevideo con alto poder adquisitivo”.
“Y pretenden que Antel se encargue de los sectores de menores ingresos.
Esto que está pasando no tiene nombre. Es una situación sumamente delicada”, comentó Molina. El sindicalista de Sutel opina que la puesta en marcha del decreto, independientemente de la aprobación de una Ley de Telecomunicaciones, expone al Estado a “juicios millonarios” de los operadores privados. “Esto no es una disputa de poder entre líderes, sino un negocio oscuro que a alguien beneficia”, aseguró Molina, de filiación comunista, y
sostuvo que si Vázquez “realmente piensa” que el futuro gobierno será continuidad del suyo, “sería importante que le dejara la decisión sobre este tema”.
“¿Por qué adelantó tanto todo este trámite?
¿Cuál es la desesperación de sacar un decreto en plena transición de gobierno? Esto no lo hicieron ni blancos ni colorados, que siempre consultaron al gobierno que venía”, fustigó.
A pesar de este malestar, el PIT-CNT reiteró ayer, en conferencia de prensa, que está de acuerdo con el objetivo declarado del Plan Cardales: universalizar el acceso de los sectores más humildes a las nuevas tecnologías de la comunicación.
Pero enfatizó su oposición a la operativa por parte del sector privado, que, según interpreta la central, representa una lesión a la soberanía nacional.
El coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira (Articulación), se define como un “defensor a ultranza” del Plan Cardales y su intención de beneficiar a los sectores de bajos ingresos, pero acota que para que eso prospere “es necesario preservar a Antel”. “El decreto puede debilitar la competencia de transmisión de datos con las cableras de Montevideo, y por eso hay que sentarse a discutir mejor”, afirmó.
Los asesores legales de la central, en tanto, entienden que el decreto viola la ley Nº 14.235, que creó en 1974 el servicio públicodescentralizado conocido como Antel, una empresa que, para los sindicatos del sector, está en perfectas condiciones de llevar adelante el plan que se pretende adjudicar a privados.
El decreto que el Poder Ejecutivo aspira a mantener en pie concede beneficios tributarios a las empresas privadas que estén dispuestas a ofrecer el servicio llamado triple play, que incluye televisión por cable, internet y telefonía básica.
Como pulseados
La posición que Vázquez le transmitió al Secretariado Ejecutivo del FA el lunes de noche pasó enseguida al terreno político.
El mandatario subrayó que este tema pertenece a la actual administración, que no finalizará hasta marzo del año próximo, y dijo que la decisión de dar marcha atrás con el decreto sería una señal “poco seria”, aunque otros
dirigentes del FA entienden que, en el fondo, podría tratarse de un nuevo capítulo en la disputa de espacios con el presidente electo, José Mujica, que no es partidario de la habilitación a privados.
El senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) vaticinó que la solución del debate será la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones en la próxima legislatura. De esa manera, según el parlamentario, el decreto que impulsa el Ejecutivo quedará “subsumido y encorsetado” por dicha norma, que ya está analizando una comisión designada por el presidente electo.
La insistencia de Vázquez en mantener el decreto “no es conveniente” y expone a todos a una “contradicción” que terminará saldando la fuerza política, porque no conviene “desconocer lo que ella pronuncia o determina”, sostuvo Lorier. “Acá lo que están en juego son intereses materiales, que luego se podrán expresar en disputas personales. Hay intereses y visiones que están detrás. O tal vez visiones que responden a intereses”, insinuó. El senador recordó que en la última Rendición de Cuentas el Senado planteó que no convenía innovar en temas vinculados con las telecomunicaciones hasta que estuviera aprobado un marco normativo.
La senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo ayer a Radio Uruguay que el Plan Cardales tal cual está presentado por Vázquez genera “incertidumbre”, y recordó que se aprobó en el Parlamento bajo la condición de que quedara
enmarcado en una nueva Ley de Telecomunicaciones. El decreto firmado sin esa normativa de respaldo puede generar “desequilibrios en el país”, según Topolansky, que advirtió acerca del riesgo que implican las “presiones de las transnacionales” en este terreno. “Nosotros tenemos una empresa [por Antel] que está en competencia y bien posicionada en el mercado uruguayo, [aunque] no está en posición de competir con otras empresas en el mundo por su escala, y no por mala gestión”, afirmó. “Ahí tenemos una diferencia de enfoque, se necesita la ley y no le vemos el
apuro” al decreto, añadió. ■
Lucas Silva
FUENTE: LA DIARIA
LA PENULTIMA DE TABARE
DIARIO DE CAMPAÑA: EL PLAN CARDALES Y EL DECRETO 537/009
DIARIO DE CAMPAÑA: EL PLAN CARDALES Y EL DECRETO 537/009
Por Gonzalo Perera |*|
Esta nota trata de un tema complejo sobre el que he recibido muchas consultas. Seré muy breve, no entraré en tecnicismos, trataré de expresar lo esencial.
Doy por descontado que algún medio descalificará esta nota usando la ya habitual munición contra su autor. Un poco más de paciencia será la única respuesta.
A. Escueto resumen tecnológico.
1. En la tecnología actual, se tiende hacia la convergencia: poner en un mismo dispositivo varios servicios. En las telecomunicaciones, un producto convergente, muy vigoroso en la última década, es el triple play: ofrecer conjuntamente acceso a Internet (banda ancha, de aquí en más), televisión interactiva y telefonía.
2. Hay muchas vías para ofrecer banda ancha. Varias son inalámbricas (ofrecidas por Antel y por sus competidoras) y otras varias con llegada por la red de fibra óptica y par de cobre de Antel. La más popular de ellas es el ADSL, que provee hoy unos 300 mil servicios y que es técnicamente viable en el 95% de los hogares.
3. Existen también alternativas para incluir la televisión interactiva en la oferta de Antel. Una de ellas es IPTV (TV a través del protocolo de Internet). En un país donde unos 800 mil hogares tienen línea telefónica de Antel, donde en el 95% de los hogares es posible instalar ADSL, incluir servicios del estilo IPTV, permite que Antel brinde el servicio de triple play en muy amplios sectores de la población, cumpliendo con su cometido esencial: universalizar con calidad y liderazgo tecnológico.
4. Los cables operadores tienen redes llamadas coaxiles que, donde son bidireccionales (posibilitando recibir y emitir), podrían agregar al servicio de TV cable la banda ancha, mediante un dispositivo llamado "cablemódem". Para hacerlo, precisan recibir una licencia por parte del gobierno. Si a ello sumaran un servicio de telefonía, estarían ofreciendo triple play.
5. El triple play es un negocio interesante porque promueve el teletrabajo, teleformación, telemedicina, gobierno electrónico, comercio electrónico, juegos de azar, etc. En el mundo desarrollado lo poseen los sectores más pudientes, como divertimento. Sin embargo, detrás del triple play está el acceso a la banda ancha, que es hoy un commodity absolutamente imprescindible y con un potencial de agregación de valor inmenso. O sea, a mi juicio, el triple play adorna al producto de mayor potencial a futuro: la banda ancha.
B. Objetivo y autoría del Plan Cardales.
1. El Plan Cardales, inspirado en Ceibal, tiene como objetivo lograr que en 6 años Uruguay sea el primer país del mundo en tener en el 100% de sus hogares triple play. No es un plan "privadofóbico", interesa promover el desarrollo nacional, de las industrias culturales, de la industria del software, etc. Pero asume el principio de conducción del Estado en un área vital en la producción, seguridad, educación y soberanía, como las telecomunicaciones, a contrapelo del credo neoliberal.
2. Este punto es casi irrelevante para la sociedad, pero me siento obligado a aclararlo. La conocida generosidad de mi compañero Daniel Martínez, quien me señalara como promotor del plan, ha llevado a muchos a considerarme autor de Cardales. Tuve la iniciativa de invitar a compañeros a pensar en un tal plan. Desde un borradorcito inicial en adelante fue todo trabajo en equipo, de un proyecto que inicialmente se llamó "Uruguay, Primer País de la Información", luego "Proyecto Varela" y por último, "Cardales". Pero por ejemplo, aún estando en Antel, no fui yo quien participó por la empresa en algunos hitos fundamentales de Cardales, sino mi compañero, el entonces presidente de Antel, Dr. Edgardo Carvalho. Por lo tanto, es inmerecido que se me atribuya la concepción de un plan de esta envergadura.
C. Legalidad y legitimidad política.
Junto al entonces MIEM Daniel Martínez, un grupo de compañeros pensamos durante algunos meses insumos para una Ley Nacional de Telecomunicaciones que debería discutir el próximo parlamento. La situación actual se estaba volviendo insostenible. Cada medida en el terreno de las telecomunicaciones era objeto de polémicas. La realidad y la legalidad vigente no parecían en fase para ningún actor del sector. Comentamos en dicho ámbito la necesidad de que una vez aprobado un texto de ley en el 2010, todos los sectores políticos asumieran el compromiso de facilitar su sometimiento a referendum. Nadie duda de la legitimidad de las resoluciones de un Parlamento electo democráticamente. Pero el tema de las telecomunicaciones es completamente estratégico y fue central en un plebiscito, en 1992, donde el 72% de la ciudadanía votó a favor del monopolio estatal.
Cada quien puede extrapolar a su gusto aquel voto en la realidad actual, pues en aquel momento, por ejemplo, la banda ancha no estaba en el menú. Mi posición es que la banda ancha debe ser monopolio del Estado y que los privados pueden participar como revendedores y distribuidores del Estado. Pero sólo el ciudadano puede decir de manera irrefutable qué es lo que piensa al respecto.
Algunos dirán que es perder tiempo. Yo pienso que es ganar solidez y rumbo estratégico. Va de suyo que mientras no haya ley (e insisto, en mi opinión ley refrendada en consulta popular), debe evitarse innovar y generar situaciones de hecho que hagan más compleja la situación.
D: El decreto 537/009
1. Este decreto, aprobado el 30 de noviembre, habilita la concesión a empresas privadas de licencias para vender banda ancha. En un país donde ha sido tradicional que algunos reciban licencias para operar radiofrecuencias e incidir fuertemente en la opinión pública a cambio de casi nada, en el Plan Cardales se pautó el exigir contrapartidas a eventuales empresas que en él participaran. Una posibilidad era un porcentaje de su recaudación para solventar el acceso al plan de los sectores más humildes. Sin embargo, las contrapartidas planteadas en este decreto (básicamente que cada empresa contribuya a cubrir parte de los sectores menos favorecidos) son de difícil contralor y fácil elusión. Se deposita además en el LATU la mayor responsabilidad sobre el despliegue. El legislador que en marzo reflexione sobre la futura ley de telecomunicaciones lidiará con organismos tales como LATU, Ursec, Antel, Dirección Nacional de Telecomunicaciones del MIEM, con cometidos y funciones que a veces están solapados y otras enfrentados.
2. A pocas horas de elegir un nuevo gobierno, un decreto tan sensible como este debe acordarse al menos con la conducción del mismo, lo que no parece haber ocurrido.
Conclusión
En definitiva, este decreto, firmado por el mejor Presidente que ha conocido en muchas décadas Uruguay, firmado por ministros que son mis compañeros, quienes seguramente han perseguido lo mejor para nuestro país en el menor plazo posible, me parece equivocado en su contenido e inoportuno por la circunstancia de su aprobación. Pero este gobierno ha mostrado sobradamente que corrige sus propios errores responsablemente. De hecho, en el propio transcurso de Cardales se han pulido decretos previos. Nadie está libre de equi vocarse, pero sólo los grandes lo reconocen y corrigen. Confío plenamente en la grandeza del mi Presidente para dejar sin efecto o en suspenso este decreto hasta que el próximo Parlamento pueda tratar la política de telecomunicaciones, con énfasis en la provisión de banda ancha, gran motor del desarrollo económico y social.
|*| Analista y matemático
FUENTE:LA REPUBLICA
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