Drogas:
¿hacia la legalización regulada?
Juliette Touin

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El “combate contra las drogas” no deja hasta ahora más que un reguero de muertos, sociedades militarizadas y el fetiche del dinero –corrupción– ensalzado y adorado. Las críticas y los cuestionamientos ante este modelo ganan espacio: tres ex presidentes latinoamericanos insistieron en febrero pasado en un cambio de paradigma. Las premisas de una alternativa a la
política prohibicionista se están diseñando cada vez más en el nivel internacional.

La prohibición no alcanza una meta importante: mermar el consumo de droga. Ante esta constatación, en los cuatros puntos cardinales del planeta se elevan voces de escritores,
políticos, economistas, embajadores y médicos que denuncian el fracaso de la política de represión contra las droga.

Esta propuesta de alternativa tuvo aun más resonancia en febrero de 2009, cuando los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) pidieron la legalización de la tenencia de la marihuana para uso personal.
El hecho se presentó en el marco de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. (Ver cuadro.)

Los ex presidentes y la marihuana. En su condición de líderes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) propusieron en febrero de 2009 en Rio de Janeiro la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal y el cambio de paradigmas en la lucha contra las drogas. La Comisión pretende impulsar un nuevo tratamiento del problema del narcotráfico que sustituya a la ineficaz estrategia actual de guerra a los estupefacientes. “El problema es que las actuales políticas están basadas en los prejuicios y temores y no en los resultados”, dijo Gaviria en la presentación del informe de la Comisión, que considera que la política de represión y criminalización del consumo practicada en las últimas décadas ha fallado tanto en la erradicación de las plantaciones como en el combate a las redes de distribución. Cardoso expresó que sólo proponen la legalización de la marihuana porque es “menos dañina” y es la más extendida en los países de la región. Pedirla para todas las drogas, además, habría sido “poco realista”. (Infolatam)

La legalización regulada habrá de consistir en autorizar el consumo y la venta de drogas mediante el imperio de una autoridad internacional, controlando, además, la producción y la distribución de aquélla. El doctor Pierre Charasse sugiere, por su parte, “decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco, y crecen por todas partes.

Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos
con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los
expertos podrían proponer medidas de acompañamiento para atenuar los efectos previsibles, económicos y financieros, de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía”.
Las Naciones Unidas pudieran ser, según Charasse, el “foro natural” donde se abra el debate hacia un cambio de paradigma. Pero es indispensable que una legalización regulada de la droga
sea compensada por políticas muy rigurosas de salud pública, para evitar un aumento del consumo, por un lado, y por el otro curar a las personas que desarrollen dependencia física.

Igualmente, se deberán impulsar programas de reconversión de
la producción agrícola en los países productores, dirigidos a los
campesinos que viven actualmente del cultivo de plantas básicas para la producción de drogas.
Controlada en parte por los Estados, éstos pudieran establecer un fuerte impuesto al consumo, tal como se hace con el alcohol y el tabaco, y cuyos recaudos se reinviertan en programas de salud pública y de educación, encaminados a crear conciencia en la población sobre sus infortunados efectos.

De legalizarse el comercio de las drogas, ya no se encontrarán las condiciones propicias para el desarrollo de una práctica ilícita, lo que, por ende, deberá provocar la involución progresiva del tráfico de aquéllas. Ello implicará una disminución de la violencia y de las muertes relacionadas con el narcotráfico. Como consecuencia, también habrá de desaparecer la confrontación entre países productores y países consumidores.

Del lado de los consumidores, bajará el número de enfermedades inherentes al consumo, así como el número de muertos por sobredosis, ya que se contará con un producto
viable y más puro. Esta reorientación de políticas y esfuerzos debiera sentirse, en el mejor de los casos, en el desestímulo de fenómenos como la prostitución, la “trata de blancas” y la propia marginalización.

¿Qué efecto fuera previsible con esta reconversión del modelo represivo del consumo de psicoactivos?

La escasez de estudios acerca de la importancia de la narcoeconomía dificulta la evaluación del impacto de la legación del consumo en la economía mundial.
Según análisis del economista Luis Jorge Garay, los países productores no fueran los más afectados, toda vez que las ganancias derivadas del negocio de drogas favorecen en su gran mayoría a los países consumidores:
los excedentes del narcotráfico se van al sector financiero de los países desarrollados, donde se invierten en los mercados internos de valores, bancos, acciones, sector inmobiliario y ciertos bienes de consumo, encareciendo los precios de todos
estos activos e indirectamente de otros.

Se pudiera proyectar, por tanto, que la desaparición de este dinero sucio conlleve severas pérdidas en estos sectores, pero también induzca un descenso de los precios artificialmente
elevados por exceso de dinero.

El caso de Colombia

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2008, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia es el primer exportador de cocaína del mundo, con una producción estimada en el cincuenta y uno por ciento de la producción global (430.000 toneladas). La
industria de la droga cuenta también, en menor escala, con cultivos de amapola y marihuana. Pero, como se plantea en El bazar de las cifras (Ricardo Vargas, Transnational Institute, marzo de 2010), hay que ser muy cauteloso con aquéllos y no caer en la trampa de la manipulación de datos y diagnósticos.

Si comparamos las estimaciones de la ONUDD con las presentadas por la embajada de Estados Unidos en Colombia, es evidente que no coinciden.
No es una exageración decir que la situación social, económica
y política de Colombia ha sido y está afectada en extremo por la
industria de la droga. Su peso es de tal nivel, que hoy se habla de “narcoparaestado”, aglutinante neologismo creado a propósito para este país, y que refleja la imbricación de tres intereses, mientras que los únicos actores que debieran manejar
el Estado son los políticos, de quienes se espera siempre que sean representantes legítimos del pueblo.

Pero en el caso colombiano ellos no pueden presumir de legitimidad ni de actuar por el interés general.
Propietarios, aliados o representantes directos de los dueños de la tierra, como de las grandes fortunas del país, tras la protección de sus inmensas fortunas e intocables poderes,
terminaron “cruzados” con los señores de la droga, atizados a la vez por “extraños” intereses internacionales.
Así, en un supuesto “todos con todos” y “todos contra todos”, el país vio y sufrió la multiplicación de la violencia y la profundización de poderes regionales y locales, que en el curso
de pocos años se transformaron en poder nacional.

Los casos de los presidentes Ernesto Samper y Álvaro Uribe son, cada uno con sus particularidades, expresión de esta
realidad que es necesario asumir y tratar con una estrategia diferente y con otras políticas.
Ocultando su propósito sustancial, la guerra contrainsurgente, Colombia se transformó en el país prototipo del “combate contra las drogas”.
Entremezclando la lucha contra las guerrillas, contra el narcotráfico y contra el consumo personal, la política aplicada en el país para combatir a una u otra ha terminado por darles prioridad a la penalización y la guerra a muerte. Con las puertas
abiertas para que Estados Unidos ponga en práctica todos sus diseños de control y dominio, y bajo la supuesta ofensiva contra las drogas, en una sola década se permitió la implementación del “plan Colombia” y el “plan patriota”, y ahora se habilitan siete bases militares para que desde ellas opere el mayor y más potente ejército del mundo.

Pese a todo ello, el narcotráfico no sólo conserva sus dominios sino que los amplía.
Esa política “antinarcóticos” tiene un inmenso costo para el país. Por ejemplo, los efectivos de sus fuerzas armadas pasaron en pocos años de 300.000 a 430.000. En 2010, el gasto militar ha crecido hasta llegar al 5,6 por ciento del PIB (sin incluir los
recursos estadounidenses para el Plan Colombia), mientras en 2002 alcanzaba “apenas” al 4,6 por ciento.
El resultado de la política al mando les exige una elevada erogación a los más pobres del país: desplazamientos forzados, masacres de civiles, robo de tierras, intensivas fumigaciones
aéreas con químicos, contaminación de amplias áreas sembradas con productos de pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada); multiplicación de enfermedades cutáneas y de otro tipo, sin valoración de su impacto para el futuro de la sociedad colombiana; contaminación de ríos; ocupaciones militares; erradicación de cultivos, sin distinción entre quienes siembran
para su procesamiento en gran escala y las comunidades indígenas, que lo hacen para usos rituales y medicinales, y los campesinos pobres que tienen pequeñas parcelas en una
economía de supervivencia.

Hasta hoy, la política antinarcóticos estuvo centrada en destruir unidades productoras de droga, pero el 7 de mayo de 2010, el
director de la Policía, general Óscar Naranjo, en entrevista con el diario El Tiempo anunció “un nuevo nivel en la lucha contra el narcotráfico”.
La estrategia se concentra ahora en el microtráfico y las redes de distribución de los centros urbanos del país. En esta nueva etapa se pretende atacar a las bandas delictivas en las ciudades colombianas, con el propósito de hacer caer la venta de estupefacientes. De ser así, y conscientes de la ineficacia de una estrategia que, en vez de paliar, agrava el problema, se puede concluir que está en marcha una operación para legitimar la ocupación militar urbana, tal como se llevó a cabo en zonas rurales.

¿Legalización regulada para combatir el narcotráfico?

Tres estrategias políticas se han experimentado para actuar frente al problema del narcotráfico en América Latina. La primera, plenamente vigente, una política de guerra frontal.
La segunda, aplicada en México durante los gobiernos del PRI, consiste en aceptar un pacto de gobernabilidad tácito entre crimen organizado y esferas políticas. La última, que por ahora aparece como un planteamiento, propone una legalización administrada y controlada por el Estado. Suiza y Holanda ya la han puesto en práctica.

Como premisa de tal medida, los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria pidieron un “cambio de paradigma” en el combate contra la droga y la legalización de la tenencia de marihuana para uso personal, la cual se pudiera entender como un primer ensayo para ampliarla a otras sustancias psicoactivas.

Dos de las tres estrategias son para proscribir.

La primera, porque ha demostrado que causa más daño que la droga misma. Definitivamente, Colombia y México no están en
condiciones de avanzar en la lucha contra el narcotráfico, so pena de altos costos en vidas humanas y seguridad.

Y la segunda, porque no es imaginable dejar fructificar conscientemente el narcotráfico vía acuerdos tácitos entre un Estado y el crimen organizado.

Queda la tercera, expuesta antes, que tiene argumentos pero es un salto hacia lo desconocido.
De modo especulativo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la legalización regulada en Colombia?
Ante todo, hay que tener en cuenta que este caso es particular y aislado por la intensidad de la intromisión de los actores ilegales en el aparato estatal. Según Ricardo Vargas, el nivel de infiltración es tan avanzado y los juegos de intereses tan fuertes, que nadie va a renunciar y dejarse quitar así de fácil una actividad tan generosa.
Añade que su peso y sus efectos van más allá de la cooptación del Estado, y que su dominio se extiende a regalías en la tierra, la minería, el petróleo, en fin, a todo tipo de actividad lucrativa. “En el caso de Colombia, no hay que ponerle mucho optimismo a esa opción”, concluye.

Pero, pese a los análisis de los investigadores, hay que situarse en la realidad del país, en su guerra sin perspectivas de finalización, en la multiplicación de la población adicta, cada vez más marginada y excluida, en la narcopolítica, en la corrupción que cada vez penetra más instancias, para obligarnos a considerar esta opción y la necesidad de luchar por ella.
En fin, se trata de legalizar para reducir las ganancias de los grupos dedicados al comercio ilegal de estas sustancias, y por su conducto la capacidad de corromper y destruir. A menor ganancia, menor interés por mantenerse en el negocio. Aunque
el efecto de esta política, en primera instancia, recaerá en los niveles bajos y pequeños de los traficantes, hay que intentarlo.

De esto son conscientes quienes se acercan a la temática.
Según Garay, “la legalización regulada no tendrá un efecto directo en el narcoparamilitarismo por el hecho de que los capos que ya estén enquistados y que han podido ir avanzando en su legitimación social van a seguir enquistándose, ya están en el establecimiento”.
Como propuesta para combatir a los más infiltrados, el economista sugiere que el trabajo se haga simultáneamente sobre los sectores que producen todos los incentivos para la corrupción sistemática, la captura y la reconfiguración del Estado: los sectores judicial, militar, policial, político, económico y social.

“Habría que empezar por imponerles un verdadero castigo a los partidos y políticos vinculados al narcoparamilitarismo, pero, además, esto se tendría que impulsar desde la sociedad, mediante un pacto social, para cortarle raíz”.
Los narcotraficantes, los carteles de Colombia y México, controlan las rutas de Estados débiles, creando riesgos para la soberanía nacional y regional. Ahora ya se encuentran en Costa Rica, Venezuela y Perú, y están llegando al África para entrar en el mercado europeo.

La prohibición engendra el fenómeno del narcotráfico y su expansión.
Su tratamiento es un asunto de seguridad nacional pero también
internacional. El reto es básicamente uno: cambiar de paradigma para reducir su poder.
Éste es un extracto del artículo publicado
en el mensuario colombiano Desde Abajo,

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